Este texto es ganador de la primera convocatoria de textos periodísticos de Periodismo . com y Énico
Si se calla el cantor calla la vida
Porque la vida, la vida misma es todo un canto
Si se calla el cantor, muere de espanto
La esperanza, la luz y la alegría
Horacio Guarany
Si algo caracteriza a los familiares de personas desaparecidas es el retrato que llevan siempre consigo. Impresos en cartón, colgados en el cuello o en una camiseta, los rostros de quienes ya no están acompañan la lucha política por saber dónde están, por qué se los llevaron, qué hicieron con ellos. Con el paso del tiempo, algunos carteles continúan escritos en español, otros -sin embargo- pasaron al inglés, al italiano o al sueco.
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que en Colombia adquiere características especiales. Por un lado, a diferencia de lo que se observa en otros países de Latinoamérica, no está asociado con planes sistemáticos de gobiernos dictatoriales: la mayoría de las desapariciones se cometieron en democracia. Por el otro, en ese país la ley establece que no solamente los agentes estatales pueden desaparecer a personas, sino que también cualquier ciudadano particular puede hacerlo.
Se estima que en Colombia la cifra de desaparecidos asciende a 120 mil. Muchos de quienes reclamaron por familiares y amigos desaparecidos durante gobiernos democráticos en ese país tuvieron que salir exiliados del territorio. Hace apenas dos años, quienes cruzaron el Océano Atlántico formaron el Grupo Europa de Familiares de Personas Desaparecidas en Colombia, mientras que otros, que se exiliaron en la Argentina, se unieron en el Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz en Argentina (MeCoPa).
Nuestros desaparecidos desaparecen el día en que nosotras dejamos de buscarlos
Unidos, siguen denunciando y continúan con el reclamo por la verdad, la memoria y la justicia. Una lucha que no entiende de tiempos, ni de idiomas, ni de distancias.
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—Nuestros desaparecidos desaparecen el día en que nosotras dejamos de buscarlos.
Cuando Elizabeth Santander habla de su esposo, Marino Escobar, lo hace sin titubear, como si estuviera leyendo un relato escrito. Tiene grabadas a fuego todas las fechas, los nombres, las cifras, los detalles. Se vio obligada a abandonar Colombia hace 30 años, de la mano de su hija de 6. La búsqueda de su esposo la llevó por senderos en los que el Estado siempre aparecía como único responsable. Un camino lleno de obstáculos en el que las amenazas se acumulaban a cada paso que daba para saber la verdad, hacer justicia y encontrar a Marino. Vivo o muerto.
En 1980 Elizabeth integró en las filas del Movimiento guerrillero 19 de abril (M-19). Desde muy niña, estuvo comprometida en temas sociales de la ciudad de Cali, donde pudo palpar la desigualdad y la vulneración a los derechos humanos. Cuando era una joven caleña de 16 años se convirtió en una revolucionaria convencida. Le hervía la sangre al ver el país injusto y desigual en el que vivía. Quería cambiar el sistema.
En ese espacio conoció a Marino.
El miedo a que pudiera pasarle algo a su familia conllevó a que, tan solo tres meses después de entrar, Elizabeth abandonara el M-19, pero Marinó continuó. Y la última vez que supo de él fue un 22 de enero de 1987. Desde Bogotá, la llamó por teléfono.
—Me dijo que creía que lo estaban siguiendo.
Un testigo afirmó que a Marino se lo llevaron miembros del Departamento Administrativo de Seguridad del Gobierno colombiano. Lo metieron en una camioneta y no se supo más de él.
—El protagonista de mi vida es Marino. En mis sueños me lo imagino en todas partes. No quise aceptar que fuera uno de los desaparecidos de Colombia. Sentí odio, angustia, desesperación, rabia… Pero transformé esa sed de venganza en otra cosa, en trabajar en solidaridad con las organizaciones de derechos humanos.
Se estima que en Colombia la cifra de desaparecidos asciende a 120 mil
Elizabeth arrastró a Reino Unido la búsqueda de verdad y justicia. Carga sobre sus hombros 33 años de lucha con la esperanza de encontrar a Marino o encontrar sus restos, perdidos, “mas no olvidados”. Actualmente, forma parte del Grupo Europa de Familiares de Personas Desaparecidas en Colombia, plataforma creada en 2018 y conformada por colombianos y colombianas en el exterior.
—Nos encontramos para encontrarlos. Desde el exilio seguimos gritando sus nombres y exigiendo que nos lo devuelvan vivos, porque vivos se los llevaron.
En las afueras de Londres, Elizabeth vive con dos de sus tres hijos y su perrita Lulú. En un rincón de su jardín, un banano le transporta a su hogar; un trocito de Colombia que no da frutos en una ciudad tan fría. Y cuenta que cuando llegó a Reino Unido sintió un desarraigo total.
—La gente era extraña, parecía que había llegado a otro planeta. Quería buscar espacios de derechos humanos y empezar de nuevo, pero fue difícil porque comencé a enfermarme. No aguantaba. Quería volver a Colombia.
Nunca aceptó su exilio e intentó volver en varias ocasiones. En una de ellas, cuando estaba a punto de agarrar la maleta y regresar, la llamaron con una mala noticia: el abogado que llevaba su caso también había sido desaparecido y su vuelta no era segura.
—Me sentía amarrada aquí en este país, amordaza, sin poder hacer nada por Marino.
Pero nunca claudicó en su búsqueda.
La mayoría de las desapariciones se cometieron en democracia
Le duele el pecho cada vez que vienen los recuerdos. Dice que es demasiado sensible, pero de esa sensibilidad saca la fortaleza y la persistencia para preguntar qué pasó. Eso la llevó a conocer, hace apenas tres años, que la identificación de Marino había sido dada de baja por defunción el 1 de enero de 1987, 22 días antes de que ella hablara con él por última vez.
—Desde ese día es como si el Estado me hubiera escondido información. Más de 30 años ocultándome todo, me han dejado que viva en el dolor, en la incertidumbre. He sido amenazada, me han sacado del país y ellos lo sabían todo.
La desaparición de Marino es un dolor que Elizabeth se llevará a la tumba, “quizá más allá”.
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Los antecedentes del Grupo Europa se remontan a 2006, cuando Gladys Ávila tuvo que exiliarse, al igual que Elizabeth, por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. En 1993, su hermano, Eduardo Ávila, fue desaparecido por su activismo en el M-19, a pesar de que se había desmovilizado en unos acuerdos de paz dos años atrás. Gladys encontró su cuerpo unos días después, con signos de tortura. Un crimen impune que cambió radicalmente la vida de esta modista, que pasó a formar parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), creada en 1982 en Colombia, con el objetivo de visibilizar y denunciar la práctica de la desaparición forzada.
—Gracias a la búsqueda por parte de los familiares, se demostraba lo que ocurría en el país. Las responsabilidades militares y paramilitares en los casos más avanzados conllevaron varias amenazas dentro de la asociación, incluso un atentado con bomba en la oficina. Empezaron a sucederse los allanamientos y la persecución a las organizaciones que denunciaban los delitos de desaparición de personas.
En 2000, Gladys pasó a la coordinación nacional de Asfaddes, justo el mismo año en que lograron -junto a otras organizaciones- la tipificación de la desaparición forzada como delito en el código penal. Un delito que los gobiernos en América Latina cometieron sistemáticamente en el clima de la Guerra Fría y que cobró notoriedad internacional en la Guatemala de los años sesenta, adquiriendo su punto más alto durante las dictaduras de Chile y Argentina. Pero también en Uruguay, Paraguay, Brasil y en países con gobiernos civiles electos como Colombia, El Salvador, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México.
Las persecuciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos fueron en aumento
Farid Benavides, profesor de justicia transicional de la Universidad Católica de Colombia, entró a trabajar al Ministerio de Justicia en 1996:
—Para aquella época, lo único que podían hacer en materia penal los familiares de personas detenidas desaparecidas era buscar una investigación por secuestro simple. Un delito que, al no llevar una extorsión consigo, era considerado como muy leve. Hasta que en Argentina se acuñó el término “detenido desaparecido” y se avanzó en la denominación de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad permanente, pues sigue cometiéndose hasta que se encuentre a la persona, sus restos o una evidencia de lo que ocurrió.
Originalmente, la desaparición forzada, tanto para la ONU como para la Convención Interamericana, es un acto cometido por agentes estatales, o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
—La anomalía del caso colombiano es que, además de las organizaciones de derechos humanos, en la negociación también hubo miembros del Ejército, quienes no iban a dejar que se aprobara un delito que solo involucrara a la Fuerza Pública —destaca el profesor. Así que se estableció que el delito podía cometerse por parte de particulares y agentes estatales. La idea era que la guerrilla y los particulares fueran la norma general y los que eran realmente la norma general, las fuerzas estatales y paramilitares, quedaran en un segundo plano.
Aunque este fue un avance significativo y un reconocimiento de carácter público, las persecuciones y las amenazas a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos fue en aumento. Tanto, que Gladys tuvo que salir exiliada con su núcleo familiar. Y Suecia fue su destino.
—Al dolor por la desaparición de un familiar o amigo, la impunidad y falta de protección por parte del Estado, se suma el exilio.
Una salida que supuso fragmentaciones, separaciones y desconexión con el trabajo y el tejido social en Colombia. Sin embargo, en Suecia encontró a Adriana Quintero, hija de su compañero de organización José Ángel Quintero, quien había sido desaparecido cuando realizaba labores de denuncia pública sobre los casos de sus familiares y de otros que conocía la organización; razón por la que el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia le había declarado “objetivo militar” -a él y a toda la organización-. José Ángel fue interceptado por varios hombres en pleno centro de la ciudad de Medellín.
Desaparecieron a quienes buscaban desaparecidos.
Desafortunadamente, la desaparición de José Ángel no era la única que sufriría la familia, sino la séptima. Sumada a los seis desplazamientos forzados internos, el asesinato y la persecución de quienes quedaron vivos obligó al clan Quintero Úsuga a salir de Colombia e instalarse en el norte de Suecia. En 2005, fueron 18 las personas de la familia que tuvieron que salir por amenazas y durante los años posteriores el grueso llegó hasta las 38.
—Era salir del país o morir allá—, expresa Adriana Quintero, quien también recuerda cómo en la puerta de embarque del aeropuerto le había avisado a la propia Gladys que la persecución a quienes buscaban iba a ir en aumento: “Allá te espero”, le dijo.
—Desde el exilio pude hacer lo que nunca pude en mí país: hablar—, asegura Adriana. Hablar con garantías y libertad. Sin aquella sombra negra que amenaza, asesina y desaparece con impunidad.
—Cuando me subí a ese avión me dije a mí misma que no había retorno. Pero con la firma de los Acuerdos de Paz tuve que volver al país en varias ocasiones. En una de ellas, recuerdo la reacción de mi hijo al decirme: “Mamá, ¿tú sabes que, si te encuentran, te matan?”.
«Era salir del país o morir allá»
Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas Por Desaparecidas. De hecho, es allí donde se hizo referencia a la acepción “dadas por desaparecidas”, que también incluye a las personas combatientes que fueron enterradas sin identificación en fosas o cementerios. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, asume que el universo de las personas desaparecidas en Colombia supera las 120 mil. Más que las registradas durante las dictaduras del Cono Sur.
Una búsqueda que cruza fronteras, pues muchas familias lo hacen desde el exilio y la migración. Según ACNUR, más de 400.000 personas tuvieron que pedir refugio debido a la violencia sociopolítica, muchas, por su trabajo en torno a la desaparición forzada. Una cifra oficial que solo alcanza a quienes pudieron o quisieron pedir asilo, y que no está desagregada por razón.
El trabajo de la Unidad apenas comienza y todavía no tienen un censo de las personas en el exilio que buscan a sus seres queridos. Actualmente, tienen 63 solicitudes del exterior, principalmente de Europa y el Cono Sur, lugares donde el dolor se organizó, se transformó y permitió encarar esa lucha para mantenerla vigente.
—No existimos para nadie en Colombia. Desde el exilio estamos olvidadas—, dice Gladys. Razón por la que comenzaron a buscar a más personas exiliadas en sus mismas circunstancias, con el objetivo de unirse e incidir en el trabajo de la Unidad de Búsqueda. Labor que dio sus frutos un 10 de diciembre de 2018, Día Internacional de los Derechos Humanos, con la creación del Grupo Europa de Familiares de Personas Dadas por Desaparecidas.
—Se debe reconocer el delito del desplazamiento transfronterizo o transnacional como una victimización más en Colombia, como una expulsión del territorio nacional, como una persecución política —sostiene Gladys. No es fácil ser una persona de familiar desaparecido y, menos, en el exilio. No solo hay que tratar de buscar la supervivencia, también hay que ubicarse en un espacio social político diferente y tratar de ser parte de una nueva sociedad, en la que continuar en la búsqueda de los sueños, las ilusiones, los desaparecidos; y en horarios tan diferentes que es complicado hacer todas las gestiones… Son demasiadas cosas a la vez para llevarlas en una vida tan corta.
Y reconoce que si no estuviese activa políticamente, no hubiera sobrevivido en el exilio.
Al igual que Elizabeth, Gladys sueña con volver a su país. Ninguna de las dos pudo, por las amenazas. Ambas ven que Colombia todavía no es segura para las defensoras de derechos humanos.
—Es mi vida, mi espacio y el lugar donde nací. Pero el día que regrese será con un libro que llegue a toda la población, que forme parte de la educación formal. Un libro que se lea en bibliotecas, escuelas y universidades. Y donde se conozca la historia de Colombia, la verdadera. Que el país reconozca las historias que el propio Estado nos ha negado y obligado a callar.
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Desde hace más de 30 años, Luz Mery Forero desconoce el paradero de sus dos hermanos. Vive en una contradicción continua sobre si ha hecho, o no, lo suficiente. Una herida que sangra cuando se desanima y pierde la esperanza.
—Cómo duele el dolor.
Sola. Así llega la tolimense hace diez años a España. Como sola denuncia en Colombia la desaparición de sus hermanos: Benedicto y Alcides Forero. ¿Las causas?, “las de siempre”, dice Luz Mery, “pues pensar diferente en Colombia ya es razón suficiente para arrebatarle la vida a un ser humano”. Sus hermanos eran militantes políticos del Partido Comunista y la Unión Patriótica (UP).
—A Benedicto lo desaparecen en 1986, en plena campaña electoral. Estaba en la lista del consejo en Cundinamarca de la UP y, por ello, recibía muchas amenazas y una persecución constante. Un día tuvo que viajar a Mapiripán, Meta… Y hasta ese día supimos de él.
Un año más tarde, su otro hermano, Leonel, integrante de la UP en Arauca, recibió una llamada en la que unos desconocidos le invitaron a viajar a San José del Guaviare si quería conocer sobre el paradero de Benedicto, amenazándolo para que dejara la política. Pero no llegó a ir, ese mismo día fue asesinado.
Y en 1993, Luz Mery quedó sola ante la búsqueda de Benedicto y la lucha por la impunidad del asesinato de Leonel. Desaparecieron a Alcides.
«Yo no quiero reabrir el caso, sino cerrarlo. No solo en lo jurídico, también en lo personal»
—Lo último que supe de él es que bajó de un autobús en Bogotá en el barrio Kennedy, frente a un batallón del Ejército.
Pero no todas las desapariciones se sucedieron hacia personas vinculadas a la política, pues Luz Mery también busca a su sobrina, de la que no sabe nada desde 1992. Tenía 13 años.
Sin recursos económicos para costearse un abogado, Luz Mery acudió a las morgues y denunció una y otra vez su caso ante Fiscalía. Ninguna de sus declaraciones fue registrada. Además, fue amenazada, y en las propias instituciones le decían que su caso era falso. Le decían que sus hermanos eran guerrilleros que se “habían volado”.
A partir de las denuncias, las persecuciones comenzaron a ser más constantes. Tanto, que tuvo que dejar a sus hijos y desplazarse hacia otros lugares. Y en 2007, sufrió un atentado que la deja vulnerada, amenazada y sin empleo.
Luz Mery confiesa que nunca pudo abrir su caso por la escasez de recursos y que se vio obligada a abandonar Colombia para proteger su vida. Y cuando llega a España pierde toda la esperanza de encontrar unos restos, una historia, una verdad.
En el exilio, Luz Mery deja atrás la lucha política, se desvincula de todo movimiento, hasta que descubre a otras mujeres colombianas exiliadas, refugiadas y migradas que se unen para denunciar estas prácticas sistemáticas e impunes que el propio Estado ejerce contra la población civil.
Después, en el Grupo Europa reencuentra esa esperanza perdida. Una donde ya no está sola, donde el avance de un caso es un avance para todo el grupo, para toda la sociedad.
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—El desaparecido es para el que se queda vivo, para el que se queda esperando -dice Juan Camilo Zuluaga Tordecilla, exiliado en Italia.
Juan Camilo perdió a su madre cuando tenía 5 años.
Amparo Tordecilla fue desaparecida en 1989 por miembros de la brigada Charri Solano, del Ejército Nacional. Un 25 de abril, a las 11 de la mañana, Amparo paseaba por las calles del barrio Palermo de Bogotá, en la zona conocida como Teusaquillo. Mientras caminaba, a plena luz del día y con decenas de testigos, tres hombres la interceptaron y la metieron violentamente en un coche. En el forcejeo, cayó un zapato que fue identificado por el pequeño Juan Camilo. La desaparición de Amparo tenía un objetivo claro: obstaculizar los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL), pues ella era uno de los enlaces en la negociación. Su marido, Bernardo Gutiérrez Zuluaga, era comandante del EPL y uno de los líderes que encabezaron el proceso de paz.
El juicio por la desaparición forzada de Amparo fue uno de los pocos casos en Colombia que entraron en proceso de investigación. Sin embargo, y aunque se declararon culpables, nunca hubo responsabilidades por parte de los altos mandos que permitieron la acción. El proceso de búsqueda de la verdad sigue activo.
—Yo no quiero reabrir el caso, sino cerrarlo. No solo en lo jurídico, también en lo personal.
A pesar de la desaparición de Amparo, el padre de Juan Camilo decidió continuar adelante con los diálogos de paz, lo contrario de lo que buscaban quienes ordenaron el daño. Mientas continuaba con la búsqueda, fue elegido senador. Pero al acabar su labor en la legislatura, su vida y su familia estaban en peligro y fueron trasladados a Europa, Allí, Bernardo ocupó un cargo diplomático. En 2002, con la subida del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, se pidió su traslado a Jamaica, un país que no garantizaba su seguridad. Así que, viendo este hecho como un aviso, decidió pedir asilo en Italia, junto a su familia.
Con la muerte de su padre, Juan Camilo retomó el camino de la búsqueda de su madre, un proceso estancado en el tiempo que le permitió acercarse a esos sentimientos escondidos.
—Dentro de mí había un niño de 5 años con la esperanza de que su mamá regresara. Y eso no es fácil de asumir. Decidí sacar los fantasmas de debajo de mi cama e invitarlos a dormir conmigo; los miré a la cara y ahí sentí que yo también formaba parte de esa historia.
De la historia de Colombia.
En Colombia el tema de la búsqueda es un asunto privado
Para Juan Camilo, la desaparición forzada es un acto que contagia al resto de la sociedad, ejercida como un arma de control social. Una búsqueda alejada del Estado y sus instituciones, que no ha tenido límite de tiempo ni de fronteras.
—Durante todas estas decenas de años han sido las organizaciones de familiares de la sociedad civil las que han buscado. La primera vez que el Estado se pone al lado del proceso es ahora con la Unidad de Búsqueda. Sin embargo, todavía sigue siendo difícil para quienes vivimos en el exterior.
A través de los grupos de familiares de personas dadas por desaparecidas en el exterior y su incidencia en la Unidad de Búsqueda, las propias personas se convierten en actores políticos de la sociedad en el rastreo no solo de la persona desaparecida, sino de una verdad colectiva silenciada en un país todavía en conflicto.
Y Juan Camilo, que todavía era un niño cuando salió de Colombia, siente la dualidad de dos patrias. De dos destinos donde el exilio imposibilita esa búsqueda in situ. Un exilio que define en el poema de Mario Benedetti «Ciudad en que no existo»:
Antes ahora antes ahora antes
cumplo con la absurda ceremonia
de escindir mi ciudad en dos mitades
en un rostro ritual y otro crispado
en dos rumbos contrarios en dos tiempos
Para Juan Camilo, conocer la verdad y reconocerla como parte de la historia es más importante que un juicio, más que una sed de venganza o una indemnización económica. Porque nada ni nadie va a devolverle a su madre.
Y una vida junto a ella.
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—Somos las que partimos, pero siempre estuvimos.
Hace 12 años, Diana Ortiz llegó a Buenos Aires como exiliada. Durante los diálogos de paz del Caguán en Colombia, entre el gobierno y las FARC-EP, tomó posición como docente universitaria y defensora de los derechos humanos en acciones por la paz. Los diálogos se rompieron y, como consecuencia de ello, “se puso en marcha un plan sistemático de persecución a nivel nacional contra las personas y organizaciones que habían apoyado la negociación: detenciones, desapariciones y montajes judiciales”. En ese momento, Diana trabajaba en temas relacionados con el desplazamiento forzado en zonas de megaproyectos y cultivos a gran escala de palma aceitera.
—No abandoné Colombia: me vi forzada a salir del país con mi compañero y mi hijo. Ahora, Diana forma parte del Colectivo Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz en Argentina (MeCoPa).
A pesar de que Diana no es familiar directo de personas dadas por desaparecidas, para ella es un tema que atraviesa a toda la sociedad. Y cuenta que la experiencia argentina la inspiró para organizar el trabajo con los familiares en el Cono Sur.
—En Colombia el tema de la búsqueda es un asunto privado, pero incluso hay mucho temor en las propias familias por iniciar el proceso, ya que el contexto del conflicto permanece.
Después de observar el trabajo que se había organizado desde Europa y mantener contacto con la Unidad de Búsqueda en Colombia, Diana y sus compañeras de MeCoPa comenzaron a buscar casos de familiares de personas dadas por desaparecidas.
—Quienes estamos impulsando el proceso no somos familiares de personas detenidas desaparecidas, lo hicimos pensando en escenarios de reparación integral y de reconciliación. Es más bien un asunto de empatía. De ponerse en el lugar de los otros y las otras. Nos involucramos y pusimos el cuerpo donde se ponen las palabras.
Febrero de 2020. Instalación de las baldosas frente al Consulado de Colombia en Buenos Aires, en memoria de colombianos detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico militar argentina. El acto contó con la presencia de exiliados colombianos.
En este proceso se encuentran con personas que no habían denunciado por temor o desconocimiento, con mucha desconfianza hacia las instituciones colombianas. Pero ante este miedo, la reacción de los familiares ha sido descubrir que existen mecanismos que pueden abrir la posibilidad de una búsqueda y la esperanza de sentir que, al menos, lo intentaron.
—Desaparecer a una persona en el marco de la violencia política ha sido una práctica sistemática que tiene como objetivo el “borramiento” del sujeto y lo que representa: la muerte, la prisión y el exilio. Busca romper los lazos vinculares y debilitar los procesos políticos y sociales, con la agravante de sumir a las familias, amigas y compañeras en la incertidumbre de no saber cuál ha sido su destino.
Para la defensora, es necesario que la lucha sea colectiva. Solo de esa manera se podrán generar las condiciones para que la desaparición forzada no se repita.
—Ese es el papel de la sociedad: garantizar el nunca más.
Nunca más a un crimen de lesa humanidad que permanece en el tiempo y en la distancia de quienes continúan en la búsqueda. Un crimen que expulsa a los buscadores, los exilia, los obliga a desaparecer.
Porque salir del país no es fácil, pero volver no es una opción cuando lo que te espera allá son las mismas amenazas, la misma persecución. Elizabeth lo describe así:
—Salir de mi país no fue fácil, dejar todo atrás: tu familia, tus costumbres, tu cultura y, sobre todo, abandonar la búsqueda. Eso fue lo que más me marcó y aún lo llevo grabado en mi memoria. Subir a ese avión que parecía un pájaro monstruoso que te arrastraba a lo desconocido, mirar por la ventana y ver cómo se queda la vida, la esperanza… Eso te deja un resentimiento difícil de superar. Luego, aprender a vivir en lo desconocido, levantarte cada madrugada con las pesadillas que te persiguen, te desmayan y te llevan a un hospital producto de la ansiedad y la depresión. Se va despertando la frustración, el odio por un Estado que no te brindó ni las mínimas garantías para proteger tu vida, ni el derecho de seguir en la búsqueda de tu ser querido. Un Estado que te ignoró, te persiguió y te señaló. Las huellas que deja el exilio te marcan para siempre, es difícil regresar cuando miras hacia atrás y ves que el pasado sigue en el presente, que todavía hay injusticias en tu país, que todavía asesinan y desaparecen a líderes y lideresas sociales, que el éxodo continúa y que la cifra escandalosa de más 3.700 detenidos desaparecidos que había en aquel entonces, ahora se ha convertido en más de 120 mil. No me motiva regresar a un país donde los acuerdos de paz, que han sido la única esperanza para terminar el conflicto, no han sido respetados y buscan ser destrozados.
Elizabeth aprendió que desde la distancia también puede luchar por su país, sin poner en riesgo su vida ni la de su familia.
—No quiero repetir esta historia.
Solo recordando y haciendo justicia será posible construir una paz real en Colombia. Una paz donde se conozcan los responsables, donde se sepa la verdad, donde no vuelva a ocurrir. Una paz que no quede en un papel.
Ahora es su turno.
